El pasado sábado 13 de julio a las 14.00
terminó el plazo para presentar alegaciones al borrador para la nueva ordenanza
de terrazas que el ayuntamiento ha cocinado a medida de los hosteleros de
Madrid. Sorprendentemente, en un tiempo récord de 4 días se revisaron y consideraron estas alegaciones, y el día 18
de julio la junta de gobierno de Botella aprobaba esta ordenanza sin considerar ninguna de las 39
alegaciones vecinales.
El pasado mes de octubre el ayuntamiento
aprobó una normativa denominada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE),
supuestamente para limitar la saturación de ruido provocado por el ocio
nocturno. A diferencia de la anterior, la tramitación de esta normativa tardó
varios meses, de lo que la principal
organización de empresarios de la noche se felicitaba como un éxito propio;
por haber conseguido que el ayuntamiento retrasara su aprobación, vaciara de
contenido esa normativa y alcanzase con ellos el compromiso para aplicarla - dada su premeditada
indefinición - a expensas del organismo denominado AGLA (Agencia de Gestión de
Licencias de Actividad).
El responsable de AGLA es el concejal de
Seguridad, a pesar de ser una agencia económica, José Enrique Núñez; sobre
cuya gestión, en su etapa como concejal del distrito centro, la plataforma Vecinos Madrid Centro ha
pedido una auditoria a Botella, sin ninguna respuesta por parte de la
alcaldesa meses después.
Apenas hace dos años, un mes antes de las
anteriores elecciones, el ayuntamiento aprobó, de manera sigilosa, una
modificación de la anterior ordenanza de terrazas. Con esta nueva ordenanza, el
ayuntamiento acelera su estrategia
- ya iniciada hace años con la eliminación de
bancos y árboles de nuestras plazas, o sospechosas peatonalizaciones - para privatizar el espacio público.
Con esta nueva ordenanza, los hosteleros - fundamentalmente - se apropiaran de
nuestras plazas a calles a un precio ridículo, entre 10 y 74 €/m2 año, poniendo
en evidencia el modelo de ciudad que nos ofrece Botella, en el que los
ciudadanos tendrán que pagar a un hostelero por disfrutar de una plaza o una
calle, cuya construcción y mantenimiento se pagó con sus impuestos. Según cifras del propio ayuntamiento ya
se ha ocupado suelo público equivalente al tamaño de 50 campos de futbol con
terrazas en Madrid.
La
consecuencia parece tan
obvia: noches en vela para los vecinos,
calles más sucias y mayores dificultades para caminar; en especial para
peatones invidentes o con movilidad reducida. Todo ello sirviéndose como excusa
del paro y la crisis económica.
Sólo un ejemplo sobre las garantías de esta norma: una terraza podrá abrir de un
día para otro. Si incumple la ordenanza, y la incumplen sistemáticamente más
del 80%, tardará meses en pagar las sanciones que supuestamente le fueran
impuestas, pudiendo seguir funcionando; ya que el hipotético levantamiento de
las terrazas del que habla la ordenanza resulta imposible; en centro hay miles
de terrazas y un sólo camión para retirarlas.
La
alcaldesa tiene en sus
manos una estupenda ocasión para demostrar a los vecinos, a los que le
gusta referirse, somos algo más que
pagadores de tributos y tasas exageradas, y comparsas sufrientes de todo este "terrazón" que
engorda el caldo a uno pocos a costa de la salud de muchos.
La Plataforma Vecinos Madrid Centro somos: Asociación
de Vecinos de Cavas y Costanillas,
Asociación de Vecinos de Chueca, Asociación de Vecinos Barrio de Las
Letras,
Asociación de Vecinos Ópera-Austrias, Asociación de Vecinos Plaza
Mayor, Vecinos de Plaza de Santa Ana
