En plena crisis sanitaria por la epidemia del COVID-19 queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que las viviendas turísticas, la mayoría ilegales, sigan operando eludiendo los controles policiales, así como las restricciones de movilidad que impone el decreto de alarma y las limitadas excepciones al ejercicio de su actividad.
En estos últimos años los vecinos, a quienes se nos ha obligado a convivir con pisos turísticos, nos hemos quejado sin éxito. Hemos planteado ante diferentes instancias nuestra preocupación por el daño que supone en nuestra vida personal y familiar esta notoria incompatibilidad de usos, residencial y de hospedaje, en un mismo edificio. Habiendo ya denunciado el grave riesgo sanitario que suponían, y que ya puso de manifiesto, por ejemplo, la plaga de chinches.
Hemos convivido con la inseguridad de no saber a quiénes nos vamos a cruzar en el portal, hemos visto nuestras zonas comunes convertidas en zonas de paso, en consignas de maletas, en almacenes de lavandería, en improvisadas salas de tránsito y espera. Hemos tenido que soportar pared con pared el bullicio de quienes están de fiesta y de esparcimiento.
La restricción de movilidad que impone el estado de alarma ha hecho surgir en los vecinos una legítima preocupación, la de que los pisos turísticos ante la caída de ingresos del turismo, pasen a convertirse en el foco de actividades clandestinas, ilegales, prohibidas o directamente delictivas, generando un grave riesgo sanitario para los vecinos, ante el tránsito de personas desconocidas en las zonas comunes, como hace unos días ocurrió en Barcelona.
Ante la oferta de las Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico para el uso de sus instalaciones como mero pretexto para rentabilizar la crisis (el mismo FEVITUR indica que se cobrará “con descuentos”, en unas instalaciones que deben permanecer cerradas), queremos manifestar nuestro rechazo frontal a que ofrezcan unos edificios, que no les pertenecen, sin el acuerdo de sus vecinos, y exponiendo a los mayores y familias que viven confinados a un grave riesgo sanitario. Nuevamente sus vecinos son un mero decorado instrumental para ellos. Los vecinos somos las víctimas.
Somos conscientes de que hay servicios esenciales (transportistas, sanitarios, trabajadores de servicios esenciales) que necesitan alojamiento temporal. Pero estas necesidades de alojamiento (que tienen un carácter limitado) quedan sobradamente cubiertas a través de los hoteles, que sí cumplen las condiciones de control y seguridad sanitaria para prestar estos servicios mínimos esenciales.
Los pisos turísticos no cumplen esas condiciones, no sólo porque esto incrementaría el riesgo sanitario para los mayores y familias en confinamiento, sino también porque la mayoría no tienen licencia, ni constan en un registro, y sería muy difícil para la policía comprobar que el alojamiento de personas responde a alguno de los supuestos que prevé la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. Sencillamente porque actúan de manera totalmente ilegal.
Basta una comprobación rutinaria para evidenciar cómo portales como Airbnb, permiten realizar reservas coincidiendo con el período de confinamiento, incitando así a incumplir las restricciones del estado de alarma.
El Estado tiene a su alcance herramientas legales para bloquear el acceso de los usuarios a páginas web. Así se hace en el caso de que vulneren derechos de propiedad intelectual, con mayor razón debe hacerse cuando la actividad de los portales de internet que ofertan viviendas turísticas pone en peligro la salud de las personas. Por ello, solicitamos al Gobierno de España que adopte cuantas medidas sean precisas para bloquear el acceso de los usuarios a portales como: Airbnb, Niumba, Booking, y demás portales web dedicados a intermediar en el alojamiento turístico en viviendas.
El contexto de crisis sanitaria de #coronavirus, no viene sino a poner en evidencia la situación que ya vivíamos, con una agresión a nuestra vida personal y familiar, que se ha desarrollado ante la absoluta falta de empatía de los gestores de pisos turísticos, para quienes los vecinos no representamos más que un obstáculo hacia el objetivo de su ganancia económica.
Esta situación ha sobrepasado a las Administraciones, que no supieron responder a esa situación y, con su inacción, fomentaron el crecimiento de una oferta de hospedaje ilegal y fuera de control, que ha transformado por entero la fisionomía de nuestros barrios. Mientras que los pisos turísticos ilegales se cuentan por decenas de miles, las sanciones y órdenes de cese no llegan a una decena.
Esta pasividad ha dejado tras de sí una ciudad arrasada, sobre todo en los barrios del Distrito Centro, que han perdido una parte muy importante de sus vecinos. La proliferación de pisos turísticos ha destruido las redes de vecindad. Durante la cuarentena muchas personas mayores ya no tienen a quién acudir, porque sus vecinos hace tiempo que se han ido. A las 8 de la tarde en muchos bloques del Distrito Centro casi nadie sale aplaudir y nadie cuestiona que los pisos turísticos han sido un vector esencial en la destrucción de las redes de confianza, de respeto y de ayuda mutua que son inherentes a las relaciones de vecindad, redes que han sido tejidas durante décadas.
En estos momentos en los que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conmina a los vecinos a apoyar a sus mayores y personas en riesgo, queremos recordar a todos los poderes públicos que, hoy más que nunca, #LasCasasNoSonHoteles
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro
ACIBU, AVV AUSTRIAS, AVV CAVAS (LA LATINA),AVV CHUECA,AVECLA, AVV BARRIO LETRAS, AVEPLAMA
